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Saliendo de las sombras

por Renato Rovai

En su edición del 26 de julio de 2001, The Economist, una de las principales voces del proyecto neoliberal, publicó un reportaje de 16 páginas defendiendo la legalización de las drogas. Entre muchos argumentos, destacaba que la Guerra contra las Drogas “absorve entre 35 y 40 billones de dólares al año en impuestos pagados por los contribuyentes de Estados Unidos”, y sustentaba que aun “con toda esa inversión el precio de la cocaína había a la mitad desde 1980 y el de la heroína era del sesenta por ciento del de la década anterior”. The Economist utilizaba la lógica del mercado para decretar el fracaso de la política de “guerra a las drogas” patrocinada por el gobierno de Estados Unidos.

Antes que The Economist asumiera esa posición, muchas otras entidades y personalidades ya se había convencido de que la legalización puede venir a ser la única alternativa para desmantelar el aparato criminal construido por el narcotráfico.

El 7 de marzo de 1992, Gustavo de Greiff asumía la Procuraduría General de Colombia. El gran desafío era desmantelar los cárteles del narcotráfico. De Greiff consiguió lo que parecía imposible. Llevó a prisión, entre otros, a Pablo Escóbar. Eso provocó la caída del cártel de Medellín y de Greiff se volvió una celebridad.

En 1994, en una conferencia sobre políticas de droga, en Baltimore, Estados Unidos, se declaró a favor de la legalización. Se convirtió en demonio. Surgieron inmediatamente acusaciones de que estaría envuelto en el tráfico. Hoy, de Greiff no puede entrar más a Estados Unidos. El gobierno le quitó la visa. La presión fue tan grande que el 18 de agosto de 1994 dejó su cargo en Colombia y se fue a México para hacerse profesor universitario. Entre otros argumentos, el ex procurador de Colombia, de 74 años, destaca que “la prohibición es un desperdicio de energía” y que está destruyendo las fuerzas de seguridad pública en el mundo entero por cuenta del increíble poder de corrupción de los narcotraficantes. En su opinión, cuanto más los estados invierten en el combate a la producción, distribución y al trasiego de drogas, más condiciones estarían creando para alimentar una fuerza paramilitar financiada por las mafias narcotraficantes. La prohibición de las drogas produce una guerra que podría evitarse completamente, opina.

La portada de The Economist y la valiente opinión de Greiff en pleno Estados Unidos son apenas dos momentos del debate al respecto de una nueva forma de relacionarse con las drogas. En febrero de este año, en medio de una crisis de seguridad pública en Río de Janeiro, el senador Jefferson Peres también lanzó luces al debate a nivel nacional. La questión es que en el mundo entero hay gente convenciéndose de que algo debe ser modificado urgentemente en la política de lucha contra las drogas.

En febrero de este año, creemos que por primera vez en la historia, una conferencia, promovida entre otros por el sitio web Narconews.com y por el periódico Por Esto!, de Yucatán (México), llevó gente del mundo entero a la ciudad mexicana de Mérida para discutir las formas de acción con las que ese debate salía de las sombras. Hay visiones de todos tipos, desde movimientos libertarios que utilizan el argumento de que el Estado no puede impedir que el ciudadano haga de su cuerpo el uso que el convenga, pasando por aquellos que defienden apenas la descriminalización de la marihuana por considerarla menos dañina que las drogas legales como el alcohol y el tabaco, hasta los que, como de Greiff, defienden la legalización por entender que la gran cuestión es desmantelar el narcotráfico y controlar el consumo.

De Greiff cree que cada país debe crear su propia reglamentación, pero defiende que las compañías privadas y los laboratorios se queden con la producción y la venta de drogas. Y que los gobiernos y bancos privados creen fondos para costear la fiscalización de la calidad de las sustancias.

Canadá y Argentina

El 27 de mayo pasado el gobierno de Canadá presentó al Parlamento en Ottawa un proyecto de ley descriminalizando el consumo de marihuana. En caso de que esa ley sea aprobada, la posesión de 15 a 30 gramos de marihuana dejará de ser un delito y solamente será penalizada con multas que varían de 70 a 250 dólares. Si la cantidad aprehendida fuera superior a los 30 gramos, será considerado como un delito, pero la imposición de las penas mayores será para los productores y comerciantes. Lo que hace al proyecto canadiense de cierta manera un marco para una nueva política en relación con las drogas en América es también el hecho de que el país es parte del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica y que es socio y vecino de Estados Unidos.

No fue en vano cómo el embajador estadounidense en Ottawa, Paul Cellucci, reaccionó en tono amenazador: “La aprobación de esa ley puede afectar gravemente el comercio bilateral de ambos países, de 1,2 billones de dólares diarios”. Según él, los inspectores de hacienda estadounidenses podrían comenzar a prestar mayor atención a los puestos fronterizos, lo que puede reducir considerablemente el flujo de exportaciones canadienses.

El Ministro de Justicia canadiense acusó el golpe. Al presentar el proyecto hizo notar el tema de que la ley no puede ser vista como una legalización. “Quiero dejar claro, no estamos legalizando la marihuana y no tenemos planes de hacerlo”, dijo Martin Cauchon. Pero complementó eso criticando la política de penalización actual del país, que es muy semejante a la de su todopoderoso vecino. “Las sanciones son actualmente desporporcionadas. La legislación que presento hoy garantizará que el castigo se proporcional a la pena”, agregó.

Alberto Giordano, periodista estadounidense, es uno de los mayores activistas de la legalización de las drogas. Editor de Narconews.com no tiene piedad con su país de origen. “La política prohibicionista es impulsada actualmente por una sola nación, los Estados Unidos, que chantajea a todos los demás, como está haciendo ahora con Canadá”.

Giordano cree que es en América Latina donde el debate a una nueva política de drogas está más avanzado. Entre otros motivos porque, en su opinión, los Estados Unidos han utilizado el tema del narcotráfico para imponer su política policial en la región. Por ello, sostiene que es fundamental que los países latinoamericanos asuman en conjunto la legalización y cree que hay indicios de que eso pueda ocurrir en los próximos años.

“El debate está muy adelantado al sur de la frontera gringa y también al norte, como con Canadá moviéndose para descriminalizar la marihuana. Los actuales presidentes de México, Uruguay y Brasil han hablado públicamente contra la política prohibicionista. Kirchner propuso a un prominente juez antiprohibicionista (Eugenio Zaffaroni) a la Corte Suprema. En Bolivia, los cocaleros son reconocidos por el gobierno como una fuerza política importante. En Colombia, los sueños gringos de Álvaro Uribe fracasarán en relación con la política de droga. Y en Perú, como antes en Bolivia, las manifestaciones de los cocaleros han llevado a una rebelión más amplia de muchos sectores contra el gobierno de Toledo y su política entreguista apoyada por Washington”, analizó.

Giordano no nos lo dice, pero su discurso apunta a un análisis sobre que el gobierno estadounidense tenga intereses especiales en la guerra con el narcotráfico en América Latina. Es decir, es lo que garantiza espacio para la ocupación territorial de las grandes áreas de los países andinos y también para las intervenciones en las políticas de Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Cuál sería la justificación de los Estados Unidos para de alguna forma tener a sus fuerzas armadas actuando de manera consentida en países como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, si las drogas fueran tratadas como un problema social y de salud pública?

Claudio Serbale, profesor de sociología de la comunicación en Argentina, sostiene que la discusión sobre las drogas en ese país todavía está lejos de caminar para algo cercano a la legalización, pero recuerda que el 1º de julio de la diputada Irma Parentella presentó un proyecto para legalizar el uso médico de la marihuana. “Por otra parte el gobierno central, en cierta medida para dar respuestas al tema de la violencia, implementó un servicio telefónico para que cualquier persona pueda denunciar un lugar donde imagine que se venda droga”, escribió en una entrevista realizada por email. A esas contradicciones, según Serbale, se suman la propuesta de Eugenio Zaffaroni para presidir la Corte Suprema de Justicia. “Él es un penalista que tiene un reconocimiento unánime por su honradez y formación, y se ha puesto a favor de la despenalización del consumo”, anota.

En Argentina fumar marihuana es un acto que para la justicia constituye un delito. Es suficiente para que la persona encontrada fumando pase por un proceso judicial. Aunque existe una ley de estupefacientes (la Ley 23.773) que contempla la intervención judicial en el campo de la salud, lo que prevalece son los actos, por parte de los aparatos de control del Estado, policial judiciales, que terminan por criminalizar el consumo.

Silvia Inchaurraga, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA) y secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (Relard) dice, que en Argentina, como en otras partes del mundo, la satanización no es sólo de las drogas, sino también de las ideas y de los defensores de la antiprohibición, son resultado de un acercamiento confuso por parte de muchos que discuten el tema, y, claro, de una política oficial global estadounidense que no abre espacio para un debate más amplio.

“Legalizar las drogas no es legalizar las sustancias, es legalizar un acercamiento más racional, efectivo y humano de los problemas asociados con ellas y con su consumo. Es una alternativa a la actual legalización de mentiras, como la teoría de la escalada (de que se comienza consumiendo una droga más leve hasta que se llega a las más pesadas). La legalización es una alternativa a los daños de la prohibición: contaminación de SIDA por el uso de jeringas, violencia policial, mercado clandestino, adulteración de sustancias y sobredosis”, sostiene.

Inchaurraga admite que ir hacia la legalización de las drogas no puede ser el camino actual de países como Argentina y Brasil. “En esos casos, lo posible es avanzar con la descriminalización del consumo. Pero a nivel internacional es necesario fortalecer el movimiento antiprohibicionista, que puede avanzar para discutir las modalidades posibles de las legalización: abierta o controlada. Lo que significaría que las drogas serían pensadas como mercancías o como medicamentos”, explica.

México y Perú

El economista y estudioso del narcotráfico peruano Hugo Cabieses afirma que actualmente el debate al respecto de la legalización en su país es casi nulo. “Cuando alguien propone un debate al respecto o es satanizado o ignorado, lo que es todavía peor.

Cabieses sostiene que eso sucede a consecuencia de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, pero que individualmente exsiten ministros y funcionarios de alto rango que piensan que la mejor salida para el problema del narcotráfico es la legalización. “Pero tienen miedo de manifestarse públicamente”, dice.

En México la defensa de la legalización tiene más visibilidad. El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gregorio Urías, fue tajante: “La guerra contra las drogas es una guerra perdida”. Es de Sinaloa, estado al norte del país, una región que sufre gran parte de la violencia y de la corrupción que tiene origen en el narcotráfico.

“El narcotráfico solamente ha crecido, controla más capital y mueve mayor volumen de drogas, el consumo se disparó y las consecuencias y la violencia engendradas por ello solamente han crecido año con año”. El año pasado, Urías presentó al Congreso un proyecto de ley para comenzar el proceso de despenalización del uso de la marihuana.

No fue el primer político en enfrentarse abiertamente con la política de la prohibición. En 1998 la entonces senadora María del Carmen Bolado del Real, del Partido Acción Nacional (PAN) del actual presidente Vicente Fox, propuso un proyecto para legalizar y regularizar todas las drogas en México. Inclusive el mismo Vicente Fox dijo en 2001 que la despenalización sería inevitable como solución global.

El diario Por Esto!, de la región de Yucatán, el tercero en circulación del país, también ha defendido abiertamente la legalización.

Ricardo Sala, del sitio vivecondrogas.com, garantiza que el movimiento en favor del cambio de legislación en el país es grande. “Pregúntale al taxista y te dirá que es mejor legalizar”.

Brasil

Tal vez Brasil sea el país que más caminó silenciosamente hacia otro tipo de política en relación con las drogas y con los usuarios. Evidentemente la ley actual todavía cohíbe tanto al comercio como al uso, pero al enviar su primer mensaje al Congreso, el presidente Lula destacó como uno de los puntos principales, en el tema Justicia, Seguridad y Ciudadanía, la reducción de la demanda de drogas. Parece un detalle, pero Lula podría haber destacado el combate al narcotráfico y a su red criminal.

El generla Paulo Roberto Uchôa, Secretario Nacional Antidrogas del gobierno, destaca que eso no fue en vano. Él garantiza que la política de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) fue homologada el 11 de diciembre de 2001, después de un amplio debate con la sociedad, y contempla muchos aspectos considerados como modernos. “Es una política que ya define al dependiente químico no como un criminal, sino como un enfermo que necesita cuidados. Es una política que determina también que no haya discriminación para el hecho simple de que una persona use drogas. El tratamiento con el usuario y dependiente tiene que diferenciarse totalmente del traficante, porque el criminal es el traficante, no el usuario. Es una política que privilegia la reducción de la demanda y está en armonía con la Constitución de Brasil, principalmente en lo que dice respecto a los derechos humanos. Es una política que es humanista y pragmática”, define.

Respecto a una política de descriminalización o legalización, Uchôa dice que el debate todavía no llegó al consejo nacional antidrogas. “Pero va a llegar y con certeza vamos a discutirlo, una vez que lo reconocemos como un tema puntual, pero que es necesario colocar con exoneración, con espíritu abierto, para tener una discusión en que sean escuchados todos los segmentos de la sociedad. Quiero decirle que el gobierno y la Secertaría Nacional Antidrogas no tienen una posición a tomar en este asunto. Nuestra posición será la de defender con uñas y dientes aquella que la sociedad quiera adoptar”, señala.

En la sociedad y también en los medios, una nueva relación con la política que debe ser adoptada en relación a las drogas también se viene debatiendo. Algunos periodistas y articulistas han escrito artículos apuntando a la legalización como una mejor posibilidad que la guerra contra las drogas. Entre ellas, destaca el texto de Hélio Schwartsman del pasado 13 de marzo, publicado en la Folha de Sao Paulo. En él destaca que la tasa de homicidios es de 2,4 por cada cien mil habitantes en Francia, contra 23,5 en Brasil. “En los Estados Unidos, la más embrutecida de las naciones industrializadas, el número es de 6,6. En Colombia, si esto sirve de consuelo, tiene una tasa bastante mayor: 60 por cada cien mil”.

Y continúa: “en términos macroeconómicos, por tanto, la receta para bajar la violencia es muy simple. Basta que evitemos el camino colombiano de la guerra civil y nos volvamos un país rico. Esa solución se vuelve menos práctica cuando se considera que Brasil no llegará, en los próximos 20 o 30 años, al nivel de desarrollo social verificado en el Primer Mundo”.

Schawartsman dice entonces que el país tiene que buscar otras respuestas para ese tema y concluye: “Puede ser que esté absolutamente engañado, pero creo en la tésis de que las drogas responden por buena parte de la violencia generada por el crimen organizado. Es evidente que, si no existiesen estupefacientes ilícitos, las bandas continuarían existiendo, sólo que dedicándose a otras actividades delictivas. Inclusive así, pienso que el narcotráfico está entre las más rentables —y menos expuestas— de las especialidades criminales [...] EN los intersticios de esa amplia estructura, surge espacio para la corrupción de autoridades, contrabando de armas y de productos químicos que serían usados en el procesamiento de droga. En términos estrictamente lógicos, la salida para disminuir el problema de la violencia asociada al narcotráfico es la legalización de las drogas. Perciba el lector que no estoy hablando de descriminalizar o ser tolerante con los usuarios, sino justamente la legalización. La marihuana, la cocaína y la heroína tributarían como las bebidas alcohólicas y los cigarros, y podrían ser vendidos en puntos específicos [...] El día en que las drogas estuvieran legalizadas, el poder del narcotraficante no sería mayor del que tiene el dueño de la farmacia”.

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